Lic. Gerardo Gutiérrez Candiani
15 de Agosto de 2011
Este 15 de agosto se cumplen 21 años de la promulgación del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe), que marcó un hito en la construcción de la democracia mexicana.
Desafortunadamente, la esencia ciudadana en la que se inspiró y que le dio proyección y legitimidad se ha ido erosionando en los hechos y en las múltiples modificaciones que se le han hecho.
En lugar de fortalecer la institución como un baluarte cívico, ha primado el interés de los partidos, en menoscabo de su misión primordial y de los atributos básicos para poder cumplirla: autonomía, imparcialidad, credibilidad, eficacia y apego a los principios democráticos.
Urge poner un punto final a este deterioro y apropiación del IFE por parte de los políticos; recuperar la institución ciudadana y de avanzada, que en su momento fue modelo para varios países que transitaban a la democracia.
Es inaceptable que, por un tema de cuotas partidistas, siga estancado el nombramiento de tres consejeros del máximo órgano de gobierno del IFE.
Estamos a dos meses de que inicie el proceso legal para las elecciones federales del 2012. Esta irresponsabilidad pone entredicho la capacidad y óptimo funcionamiento del árbitro y organizador de estos comicios.
El IFE lleva casi un año sesionando con un Consejo General incompleto, lo que ha dado lugar a problemas técnicos como empates en las decisiones sobre asuntos importantes, tales como multas a partidos políticos. En estos casos se ha pospuesto indefinidamente la votación.
A partir del 7 de octubre, cuando inicia legalmente el proceso electoral, serán aún más graves estas situaciones, por las decisiones torales que deberá tomar el Consejo, con las correspondientes implicaciones técnicas, políticas e institucionales.
Como ciudadanos mexicanos, pedimos a los diputados federales que se pongan de acuerdo cuanto antes en estos nombramientos, con profesionales que cumplan con el perfil necesario, comenzando por su independencia de cualquier partido.
Para evitar que esta situación vuelva a presentarse y contribuir a la recuperación del carácter ciudadano del IFE, hacemos la siguiente propuesta.
Crear un órgano colegiado plural y representativo, integrado por organizaciones de la sociedad civil, que sería el responsable de acordar las ternas para los candidatos a consejeros. Los diputados tendrían un plazo no mayor a 30 días para aprobar o rechazar.
Si los legisladores rechazan esta primera propuesta, se les presentarían hasta dos más, con un plazo de cinco días para decidir. Finalmente, tendrán que tomar una decisión en afirmativa ficta: la última terna de los ciudadanos o la designación por su cuenta.
Si hay voluntad, un mecanismo similar podría destrabar la negociación actual para los tres puestos que hoy están vacantes. Que se nombre un consejo extraordinario de notables o de organizaciones civiles que designe la terna de entre los 17 candidatos finalistas. Los coordinadores de las bancadas deberán comprometerse a aceptar a los designados o elegir a otros, en afirmativa ficta.
Ejercicios similares se han realizado en la renovación de consejos electorales en algunos estados.
El IFE es una causa histórica de Coparmex. Junto con muchas otras organizaciones de la sociedad civil, no claudicaremos en nuestro empeño de impulsar la consolidación del sistema democrático mexicano, como garante de la soberanía ciudadana. Hacemos esto en cumplimiento de nuestros principios y valores.
Sostenemos nuestro rechazo a los aspectos regresivos de la reforma electoral del 2007, que no significó grandes ahorros para el erario, y en cambio, aumentó las prerrogativas de los partidos.
Con la ley electoral vigente, en el 2012, cada partido recibirá un extra de 50% de su financiamiento ordinario para gastos de campaña. Además, su cuota aumenta cada año, porque se incrementa en proporción directa del crecimiento del padrón, en vez del número de votantes efectivos para cada partido.
Los ciudadanos no necesitan más spots para decidir; requieren mejor información, posturas claras, debate, propuestas y compromisos explícitos.
A pesar del incierto escenario económico global, el IFE y los partidos probablemente gastarán cerca de 16 mil millones de pesos en el 2012. En los últimos 10 años, han recibido más de 100 mil millones de pesos.
Los mexicanos no queremos financiar gasto sin transparencia y rendición de cuentas, ni mucho menos partidos-negocio. ¿Por qué no diferenciar los porcentajes de votación necesarios para obtener prerrogativas? Elevar a 3% el mínimo para obtener el registro, a 4% para recibir recursos públicos y un porcentaje aún más alto para tener diputados plurinominales.
De igual forma, sostenemos que prohibir que cualquiera que no forme parte de un partido político exprese opiniones a través de publicidad en medios electrónicos, durante el tiempo de las campañas, es una violación a la libertad de expresión. No es contraviniendo las garantías individuales como va a lograrse la equidad.
El derecho a la opinión y a la información es la demanda central de los amparos que promovimos en todo el país, así como un factor clave de la participación ciudadana, máxime en tiempos electorales.
Rechazamos que se le asignen al IFE obligaciones suplementarias a su misión central y que pueden rebasar su capacidad operativa y atribuciones constitucionales, como pretender convertirlo en censor de la expresión política y ciudadana, bajo criterios subjetivos.
El Cofipe promulgado en agosto de 1990, fue una de las leyes electorales más avanzadas del mundo en su tiempo. La reciente reforma de 2007 ha añadido un grado innecesario de complejidad a la administración de las elecciones en México.
También nos preocupa que el avance logrado en el ámbito electoral federal, no se reproduzca uniformemente a nivel estatal y municipal. Este es un reto prioritario de la democracia mexicana. Una propuesta viable de solución es tener un solo instituto electoral para todo el país.
Un paso fundamental para que todos estos cambios se den y consolidar la transición democrática, es tener un sistema de partidos maduro, en el que se distingan las funciones de gobierno y parlamentarias de las electorales. Que los funcionarios partidistas trabajen para ganar elecciones y los políticos con cargos de elección popular respondan a los ciudadanos y el interés nacional.
En este sentido, la reforma política es imprescindible.
¿Qué estamos esperando para consolidar nuestra democracia? México necesita políticos y ciudadanos a la altura.
15 de Agosto de 2011
Este 15 de agosto se cumplen 21 años de la promulgación del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe), que marcó un hito en la construcción de la democracia mexicana.
Desafortunadamente, la esencia ciudadana en la que se inspiró y que le dio proyección y legitimidad se ha ido erosionando en los hechos y en las múltiples modificaciones que se le han hecho.
En lugar de fortalecer la institución como un baluarte cívico, ha primado el interés de los partidos, en menoscabo de su misión primordial y de los atributos básicos para poder cumplirla: autonomía, imparcialidad, credibilidad, eficacia y apego a los principios democráticos.
Urge poner un punto final a este deterioro y apropiación del IFE por parte de los políticos; recuperar la institución ciudadana y de avanzada, que en su momento fue modelo para varios países que transitaban a la democracia.
Es inaceptable que, por un tema de cuotas partidistas, siga estancado el nombramiento de tres consejeros del máximo órgano de gobierno del IFE.
Estamos a dos meses de que inicie el proceso legal para las elecciones federales del 2012. Esta irresponsabilidad pone entredicho la capacidad y óptimo funcionamiento del árbitro y organizador de estos comicios.
El IFE lleva casi un año sesionando con un Consejo General incompleto, lo que ha dado lugar a problemas técnicos como empates en las decisiones sobre asuntos importantes, tales como multas a partidos políticos. En estos casos se ha pospuesto indefinidamente la votación.
A partir del 7 de octubre, cuando inicia legalmente el proceso electoral, serán aún más graves estas situaciones, por las decisiones torales que deberá tomar el Consejo, con las correspondientes implicaciones técnicas, políticas e institucionales.
Como ciudadanos mexicanos, pedimos a los diputados federales que se pongan de acuerdo cuanto antes en estos nombramientos, con profesionales que cumplan con el perfil necesario, comenzando por su independencia de cualquier partido.
Para evitar que esta situación vuelva a presentarse y contribuir a la recuperación del carácter ciudadano del IFE, hacemos la siguiente propuesta.
Crear un órgano colegiado plural y representativo, integrado por organizaciones de la sociedad civil, que sería el responsable de acordar las ternas para los candidatos a consejeros. Los diputados tendrían un plazo no mayor a 30 días para aprobar o rechazar.
Si los legisladores rechazan esta primera propuesta, se les presentarían hasta dos más, con un plazo de cinco días para decidir. Finalmente, tendrán que tomar una decisión en afirmativa ficta: la última terna de los ciudadanos o la designación por su cuenta.
Si hay voluntad, un mecanismo similar podría destrabar la negociación actual para los tres puestos que hoy están vacantes. Que se nombre un consejo extraordinario de notables o de organizaciones civiles que designe la terna de entre los 17 candidatos finalistas. Los coordinadores de las bancadas deberán comprometerse a aceptar a los designados o elegir a otros, en afirmativa ficta.
Ejercicios similares se han realizado en la renovación de consejos electorales en algunos estados.
El IFE es una causa histórica de Coparmex. Junto con muchas otras organizaciones de la sociedad civil, no claudicaremos en nuestro empeño de impulsar la consolidación del sistema democrático mexicano, como garante de la soberanía ciudadana. Hacemos esto en cumplimiento de nuestros principios y valores.
Sostenemos nuestro rechazo a los aspectos regresivos de la reforma electoral del 2007, que no significó grandes ahorros para el erario, y en cambio, aumentó las prerrogativas de los partidos.
Con la ley electoral vigente, en el 2012, cada partido recibirá un extra de 50% de su financiamiento ordinario para gastos de campaña. Además, su cuota aumenta cada año, porque se incrementa en proporción directa del crecimiento del padrón, en vez del número de votantes efectivos para cada partido.
Los ciudadanos no necesitan más spots para decidir; requieren mejor información, posturas claras, debate, propuestas y compromisos explícitos.
A pesar del incierto escenario económico global, el IFE y los partidos probablemente gastarán cerca de 16 mil millones de pesos en el 2012. En los últimos 10 años, han recibido más de 100 mil millones de pesos.
Los mexicanos no queremos financiar gasto sin transparencia y rendición de cuentas, ni mucho menos partidos-negocio. ¿Por qué no diferenciar los porcentajes de votación necesarios para obtener prerrogativas? Elevar a 3% el mínimo para obtener el registro, a 4% para recibir recursos públicos y un porcentaje aún más alto para tener diputados plurinominales.
De igual forma, sostenemos que prohibir que cualquiera que no forme parte de un partido político exprese opiniones a través de publicidad en medios electrónicos, durante el tiempo de las campañas, es una violación a la libertad de expresión. No es contraviniendo las garantías individuales como va a lograrse la equidad.
El derecho a la opinión y a la información es la demanda central de los amparos que promovimos en todo el país, así como un factor clave de la participación ciudadana, máxime en tiempos electorales.
Rechazamos que se le asignen al IFE obligaciones suplementarias a su misión central y que pueden rebasar su capacidad operativa y atribuciones constitucionales, como pretender convertirlo en censor de la expresión política y ciudadana, bajo criterios subjetivos.
El Cofipe promulgado en agosto de 1990, fue una de las leyes electorales más avanzadas del mundo en su tiempo. La reciente reforma de 2007 ha añadido un grado innecesario de complejidad a la administración de las elecciones en México.
También nos preocupa que el avance logrado en el ámbito electoral federal, no se reproduzca uniformemente a nivel estatal y municipal. Este es un reto prioritario de la democracia mexicana. Una propuesta viable de solución es tener un solo instituto electoral para todo el país.
Un paso fundamental para que todos estos cambios se den y consolidar la transición democrática, es tener un sistema de partidos maduro, en el que se distingan las funciones de gobierno y parlamentarias de las electorales. Que los funcionarios partidistas trabajen para ganar elecciones y los políticos con cargos de elección popular respondan a los ciudadanos y el interés nacional.
En este sentido, la reforma política es imprescindible.
¿Qué estamos esperando para consolidar nuestra democracia? México necesita políticos y ciudadanos a la altura.
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