Señal Coparmex 110 – Lic. Gerardo Gutiérrez Candiani

Demanda de civilidad a partidos y candidatos

09 - Enero - 2012

Amigos de Coparmex:

Estamos a seis meses de las elecciones del 1º de julio, pero la agenda pública parece ya copada por la competencia electoral. Desafortunadamente, con signos persistentes de insensatez, superficialidad y política de simulación: de artimañas para seguir las disposiciones legales a conveniencia o evadir restricciones y tiempos.

Con esta falta de civilidad de la clase política, no se propicia un proceso electoral tranquilo, democrático y productivo. En cambio, se anticipa una cauda de descalificaciones e impugnaciones legales, que pueden opacar el debate y la exposición clara de los programas de gobierno, al igual que de los atributos y capacidades personales de los candidatos, para cumplir con lo que propongan y prometan.

Se requiere de voluntad política de los precandidatos, los futuros candidatos y sus partidos, para no repetir los problemas del 2006, que dejaron un país polarizado, rompieron la normalidad democrática y limitaron la capacidad de comenzar el sexenio en un escenario constructivo y con certidumbre. Costó mucho trabajo superar las consecuencias; no tenemos porque volver a pasar por todo esto.

Pedimos a la clase política, sin distinción de filiación partidista, que se respete la ley y a las instituciones electorales, sin artilugios. Que piensen en México. Que cumplan con las reglas del juego, que ellos mismos establecieron.

Ante la confusión, irregularidades y contradicciones que ya se manifiestan en esta etapa temprana del proceso, esperaríamos que los partidos y sus candidatos tuvieran la madurez y sentido común para suscribir -a la brevedad- un pacto de civilidad, al cual los convocamos como ciudadanos. Que se comprometan a concentrarse en la competencia de ideas y capacidades, y no en buscar subterfugios legales.

Los mexicanos queremos ver quiénes son los mejores hombres o mujeres que tienen intención de liderar al país, no a los que cuentan con los equipos más astutos para sacar ventajas de una ley electoral que está mostrando, en los hechos, sus múltiples fallas, excesos y omisiones.

En estas semanas, los mexicanos hemos sido testigos de sucesos que rayan en lo absurdo. Precandidatos que pueden actuar como candidatos o emitir propaganda en medios electrónicos nacionales, con un aviso de que sólo se dirige a militantes.

La distinción entre precandidatos y candidatos se diluye, alargando los procesos electorales, todo lo contrario a lo que se pretendía con la reforma electoral del 2007.

Hoy, en México, parecería que vivimos presos de un futurismo político y ambiente electoral permanentes, que contaminan toda la vida pública, no permiten una gobernabilidad democrática eficaz y hacen que se dejen de lado los asuntos prioritarios para la nación.

Para futuras elecciones, los legisladores federales tienen una asignación obligada, con la que deben cumplir en cuanto inicie el próximo periodo ordinario de sesiones: exigimos poner a revisión exhaustiva la ley electoral vigente, para recuperar el carácter más ciudadano de la previa, rescatar la libertad de expresión, mejorarla y enmendar todas las inconsistencias que hoy se están poniendo en evidencia.

Desde el 2007, Coparmex señaló puntualmente que esta reforma causaría más problemas que los que se argumentaba que resolvería. Nos amparamos contra sus disposiciones violatorias a la libertad de expresión, y advertimos que al IFE se le asignaban tareas que rebasaban su capacidad operativa y sus competencias: fungir como un censor y central de medios.

Una ley con ordenamientos imposibles de cumplir y con tantas ambigüedades, no es una buena ley. La reforma del 2007, por pretender abarcar y controlar más, controla menos en la práctica, dando pie a la discrecionalidad; a que los diferendos se resuelvan con criterios subjetivos por consejeros y magistrados. Abre la puerta para que, a partir de pequeñas irregularidades y razonamientos subjetivos, sea posible invalidar una elección, con los consecuentes costos y riesgos.

En aras de una supuesta mayor equidad, se sacrificaron derechos constitucionales y se cayó en el riesgo de que el IFE se distraiga de sus funciones básicas, las más importantes: contar y hacer valer el voto ciudadano, llevando a buen término las elecciones.

Donde es clara la inequidad, es entre los partidos y la ciudadanía. Ellos, ahora disponen de más dinero, spots,  holgura para interpretar la ley a su conveniencia y, en los hechos, más tiempo para sus campañas. Todo esto sin rendición de cuentas. Una de las principales omisiones de la última reforma electoral fue no incluir a los partidos como sujetos obligados a las leyes de acceso a la información, al ser entidades de interés público que se financian del erario.

En cambio, los ciudadanos tendremos que soportar más de 17 millones de spots políticos: más de 8 millones 600 mil del PRI y partidos con los que tiene alianzas; 4.3 millones del PAN, y 4 y medio millones del PRD y agrupaciones aliadas. Una saturación que produce hartazgo, más que interés y exposición de ideas.

Además, ni siquiera hay el beneficio colateral de generar actividad económica. Se aduce que son tiempos oficiales, pero los medios siguen poniendo la inversión y los contenidos en los que se insertan las pautas. Se están dejando de generar miles de millones de pesos para las empresas, sus trabajadores y la generación de nuevos empleos.

Ante las distorsiones que estamos viendo, y los riesgos inherentes, reiteramos el llamado a partidos y candidatos a un pacto de civilidad. Para que los procesos electorales puedan realizarse con certidumbre, en paz y con madurez democrática de todas las partes. Hay que acatar la ley actual, y alistar lo necesario a fin de corregirla para elecciones futuras. Estamos a tiempo, y hay que hacerlo por nuestra democracia y por la nación.

Un saludo afectuoso.